El fraude de veinte años de coalición de centro-izquierda

SURda

Internacionales

Roberto Manríquez

La reciente decisión del gobierno de derecha de Sebastián Piñera de enajenar el 33 por ciento que el estado chileno aún conserva en las empresas sanitarias del país y la imposibilidad que una decisión de esta relevancia no requiera el visto bueno del parlamento, nos volvió a enfrentar al legado de la anterior administración autoproclamada de centro izquierda (1990-2010).
La mayor parte de la propiedad de las empresas de agua potable del país fue vendida durante el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) en una medida que no contó con ninguna oposición del entonces oficialismo socialdemócrata.
Años después durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006) en virtud de un acuerdo comercial con la Unión Europea el gobierno chileno elaboró una ley que prescinde del Congreso y deja sólo en una decisión del Ejecutivo una eventual enajenación de activos estatales en empresas donde exista participación privada.
No deja de tener razón Piñera cuando afirma en forma cínica que la privatización de las sanitarias fue obra de los gobiernos de la anterior administración.
En 1990, en el inicio de los gobierno democráticos tras el término de la Dictadura Militar el entonces dirigente político y futuro mandatario Ricardo Lagos afirmaba a la desaparecida Revista APSI: “Corremos el riesgo de terminar administrando la legalidad de la dictadura”. Una frase que terminó adquiriendo sentido con el paso de los años.
El año 2010, un año de tragedias para el país estuvo marcado por referencias a los anteriores gobiernos y su carácter profundamente neoliberal.
El terremoto del 27 de febrero pasado que alcanzó la inusitada magnitud de los 8,8 grados Richter permitió a los chilenos observar cómo el Estado chileno desapareció en varias regiones del sur del país por varios días, donde no hubo servicios básicos, ni comunicaciones y donde las comunidades educadas con años en el neoliberalismo parecían afrontar en soledad la tragedia. Mientras en algunos poblados el saqueo de centro médicos demostraba el profundo destrozo del tejido social que evidenció el cataclismo.
Luego el 5 agosto cuando un grupo de 33 mineros quedó atrapado en la mina San José, nos encontramos que un yacimiento donde operaban 300 obreros no tenía ni vías de escape ni de comunicación, en una región de Atacama donde dos personas fiscalizan las operaciones de más de un millar de faenas mineras privadas. Nuevamente un Estado ausente.
Ya casi terminando el año el pasado 8 de diciembre un siniestro en la cárcel de San Miguel en Santiago provocó una horrible muerte a 81 personas. Un incendio que desnudó el fenómeno del hacinamiento en las prisiones chilenas, un fenómeno que las autoridades admiten alcanza al 70 por ciento. Sin embargo el verdadero escándalo, que por ciento la prensa escamoteó enseguida es el alto nivel de encarcelamiento del país, el más alto de América Latina según con 318 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes según un estudio realizado en 2009 por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
La coalición de centro izquierda duplicó el número de prisioneros en dos décadas de transición democrática, en una sostenida campaña de “Seguridad ciudadana” alentada desde la derecha y los medios de comunicación. El consiguiente debate respecto a los metros de cárceles construidos sostenido por el gobierno derechista con los anteriores gobernantes Lagos, Frei y Michelle Bachelet ahorran comentarios respecto a cualquier posibilidad de debatir sobre el verdadero origen de la tragedia.
Antes durante el mes de octubre casi medio centenar de mapuches finalizaron una huelga de hambre sostenida por 81 días en demanda por el fin de los aberrantes juicios por terrorismo a los que son sometidos. Causas patrocinadas por la coalición socialdemócrata en el pasado. Altas condenas y testigos ocultos parte de los ingredientes de condenas que pueden sumar varias décadas por simples ocupaciones de territorios, que en muchos casos no son más que recuperaciones simbólicas y por la quema de camiones de hacendados y empresas forestales en un conflicto que suma tres muertes desde hace una década, jóvenes mapuches asesinados por la policía de Carabineros, oficiales identificados que no han cumplido un solo día en prisión por sus crímenes.
Los recientes cables revelados por Wikileaks han permitido conocer como el calificativo de absurdo a la asociación entre terrorismo y reivindicación mapuche no sólo es compartida por las agrupaciones de Derechos Humanos sino por el Departamento de Estado norteamericano, al menos secretamente hasta ahora.
El cuadro no quedaría completo sin una mención a la distribución del ingreso en Chile una de las peores de la región y que alcanzó su peor registro en la historia del país durante la presidencia del socialista Ricardo Lagos, un líder socialdemócrata famoso en el pasado por un estudio académico que dejaba en evidencia la aguda concentración de la riqueza en Chile. Una ironía que difícilmente llegue a incomodar al ex jefe de Estado dado que en el país existe tanta prensa independiente como en Corea del Norte, otro legado de la coalición autoproclamada de centro izquierda.